Publicado en Diario Montañes 7 octubre 2017
Pues ya han votado. Y lo han hecho como a la Generalidad de Cataluña le ha dado la gana con independencia del calificativo que se emplee, referéndum, plebiscito ilegal o paripé electoral. Como han querido y con el resultado que han deseado. Y han conseguido la imagen de las primeras planas de la prensa internacional mostrando la acción de la policía, cumpliendo una orden judicial que les ordenaba impedir la votación. Han contado los resultados esperados pese a los medios empleados para impedirlo y ahora se consideran legitimados para la proclamación unilateral de independencia. Y es muy probable que este se de. Nos encontraremos otra vez frente a la siguiente etapa del desafío independentista y nuevamente diremos que se conculca la ley y tralará, tralará, tralará…
Todo lo cual lleva a una primera conclusión. El fracaso sin paliativos de la presencia y la fuerza del Estado. Sus instituciones, desde el Gobierno a los tribunales de Justicia han quedado seriamente desprestigiadas por su incapacidad de detener a tiempo y con contundencia la consumación de un delito de sedición. Ha habido de una parte, políticos que se han mofado de la Justicia y de otra, quienes en su afán por no crispar a los insurrectos, se han mostrado incapaces de impedir lo que cualquier ciudadano normal sabia que iba a ocurrir. De poco han servido las ridículas amenazas de multas a quienes formasen parte de las mesas electorales. O los avisos reiterados para el cierre de los colegios, donde se organizaron acampadas días antes. O la confianza en una policía autonómica dependiente de una ideología política. De nada han servido las reiteradas órdenes de los tribunales. Como ocurrió tras la votación de hace un año, ensayo de lo ocurrido ahora.
Como en cualquier proceso revolucionario, el escenario siguiente ha sido la promoción de una huelga general desde la mismísima Generalidad y el acoso hacia la policía, los cortes de carreteras, la algarada callejera y hasta la intervención de los bomberos municipales participando en los disturbios. Descargando toda la responsabilidad sobre jueces y fiscales, el Estado y el Gobierno han sido incapaces de tomar las decisiones políticas a las que estaba obligados. Y estas incluían la suspensión de la Autonomía catalana nada más incumplir la primera manifestación del Tribunal Constitucional. Y como cómplices, una oposición sin visión del interés nacional, empecinada en forzar la dimisión de Rajoy o en conseguir mayores ventajas presupuestarias. Todos han forzado la intervención del Rey, como ocurrió la noche de un lejano 23-F frente a un golpe de Estado, contundente y sin matices , para que los españoles sientan una leve sensación de esperanza y para que muchos despierten.
Pero ¿se atreverán a intervenir de forma radical en el proceso catalán?. ¿Cómo se solucionara ahora la escisión y la fractura social adonde ha derivado todo?. Cualquier medida que se tome no puede pasar por ceder a ninguna concesión hacia quienes han violentado la democracia. No puede premiarse a los insurrectos, cuando estos han puesto en jaque la imagen de España en el mundo. No se puede regresar a ninguna situación que conceda a los independentistas la mínima excusa. Desde sus dirigentes, hasta los funcionarios y policías que han colaborado pasivamente al pulso actual.
Junto a muchos silenciados por el miedo, existe una parte de población catalana impregnada del sentimiento nacionalista que han ignorado el enfrentamiento y la fractura social de la que ahora son responsables. Los padres y los maestros que han tolerado la formación de generaciones de niños en el odio y la falsedad histórica. Los políticos que han dedicado sus esfuerzos hacia la escisión en vez de gobernar para todos. Los empresarios, encerrados en sus tradicionales prebendas. Los periodistas convertidos en voceros de sus mensajes. Los curas que pretendieron justificar la convivencia sin ver que conduciría a la división de sus feligreses. Las fuerzas de orden y los funcionarios medrosos, bajo la excusa de la obediencia debida. Los deportistas que han aprovechado su fama para adherirse a las proclamas independentistas, los intelectuales perdidos en cábalas de artificio. Todos son cómplices y culpables.
¿El actual Gobierno de España está capacitado para resolver los políticos?. La imagen dada hasta ahora es la misma que podría haber hecho la junta directiva de una empresa : resolver los problemas económicos y derivar a los tribunales los asuntos sujetos a la toma de decisiones más serias Ahora queda la búsqueda de responsabilidades, y la duda sobre qué hacer. Para unos la solución es el diálogo con quienes delinquen. Para otros, los cambios constitucionales que nunca se concretan. Pero a la inmensa mayoría de los españoles les invade el estupor por la pasividad ejercida y un profundo sentimiento de irritación. No solo se ha fracturado la sociedad catalana, sino que se ha producido una sensación de fracaso colectivo que marcará a España como ocurrió tras el desastre del 98 y que, con cualquier medida que se tome, tardará décadas a la espera de nuevas generaciones para que sane.