Publicado en DIARIO MONTAÑES el 25 enero 2014
Decía el político socialista Indalecio Prieto que la convulsión de una revolución la puede soportar un país, pero no la sangría constante del desorden. Y a esa amenaza se está enfrentando España, con la complicidad de quienes lo aprovechan para obtener lo que no lograron en las urnas. Los desmanes y el vandalismo que producen muchas protestas son el resultado del continuo desprecio a la leyes y la resistencia a aceptar los resultados democráticos. Lo acontecido en Burgos, una ciudad tranquila donde ha estallado el furor popular contra una decisión tomada por acuerdo ampliamente mayoritario de sus regidores, habiéndolo anunciado en sus programas electorales y cumpliendo todas las normas legales, es un ejemplo de ello. Se podrá argumentar lo inoportuno de la decisión, pero nunca justificar la respuesta violenta hacia ella.
La justicia ciega y lenta, aferrada a las palabras estrictas de las leyes y no a su espíritu, conduce a la parálisis de cualquier medida. Se cuidan más los derechos del delincuente que el daño causado, se espera que las cárceles sean centros educativos de reinserción social y no lugares de castigo, donde la sociedad recluye al delincuente. Se justifica cualquier violencia como consecuencia de la crisis económica y el desempleo, y los desmanes son sólo muestras legítimas de protesta..
El recibimiento dispensado a los terroristas recientemente excarcelados y el acoso a que se han visto sometidas sus víctimas, la tolerancia a los desplantes de los nacionalistas o el anuncio de la inmediata derogación de leyes aprobadas en el Parlamento cuando llegue otro turno de gobierno, conducen a la inestabilidad jurídica de un país. El descrédito a que se han hecho acreedores muchos jueces por sus inauditas decisiones o la parálisis de las fiscalías, pidiendo informes policiales para luego ignorarlos, la tolerancia a la inmigración ilegal, la continuada criminalidad de muchos en espera de sentencias, las detenciones seguidas de inmediata puesta enlibertad, conducen a la desmoralización de las fuerzas del orden público, que se ven acosadas y contemplan como su labor resulta inútil.
En España la seguridad jurídica esta rozando peligrosamente el límite de su credibilidad. El ciudadano normal paga sus impuestos y se ve sujeto a múltiples restricciones que acata resignadamente. Es multado si aparca brevemente en un lugar prohibido o rebasa en unos pocos kilómetros los límites de velocidad establecidos, mientras que otros destrozan el mobiliario urbano, se llenan las paredes de graffiti o las calles se convierten en basureros tras el tolerado botellón nocturno.
El alcalde de Burgos inició una obra anunciada con toda la legalidad, como hacen otras muchas corporaciones municipales realizando medidas que no satisfacen a una parte de sus ciudadanos, pero ha bastado el desencadenamiento de una lucha callejera con más de cuarenta detenidos y varios heridos, mientras la Delegación del Gobierno de la ciudad se mostraba incapaz de prevenir lo que se anunciaba o garantizar el cumplimiento de la ley, para que el proyecto se abandone. De ahora en adelante , se ha tomado buena nota de como responder a las iniciativas que no gusten a cualquier grupo: la quema de contenedores, el alzamiento de barricadas, el lanzamiento de adoquines contra la policía, será la respuesta. La kale barroka ha creado escuela. Tras el ejemplo del “cojo Manteca”, destrozando farolas en nombre de una mejora educativa, se suceden las manifestaciones violentas, dirigidas por profesionales de la guerrilla urbana, amparados por el apoyo de partidos minoritarios o excluidos en las elecciones convocatorias, a través de las redes sociales de internet. Sus logros se vieron transitoriamente reducidos con la aplicación de fuertes sanciones económicas, pero la actitud del gobierno previo y la parálisis del actual han conducido al rebrote de la misma, no ya en el País Vasco, territorio comanche para cualquier ciudadano normal, sino en todo en toda la geografía nacional. Tras el turno de Burgos y sus secuelas en Madrid , los desmanes se suceden en muchas otras ciudades, siguiendo la estela marcada por los terroristas de ETA que paralizaron la construcción de la central nuclear de Lemóniz, la autopista de Leizarán y acabaron haciendo claudicar al Estado pactando el fin de la lucha armada a cambio de la liberación de sus presos.
La reforma legal que contempla sanciones contra quienes cometan actos de vandalismo, se ha visto seguida por la respuesta de muchos políticos calificándola como una exaltación del Estado policial. Hoy las leyes se reconsideran o se cambian tras las algaradas que provocan su aplicación. Los concentrados durante semanas en la Puerta del Sol, pretendieron construir una nueva forma de gobernar. El asalto a supermercados y la ocupación de fincas dirigidos por un alcalde en nombre de la justicia social, el asedio e intento de ocupación del Parlamento o los ataques a las sedes de los partidos políticos, con el aplauso de Izquierda Unida, no han provocado ninguna reacción de alarma ni de irritación. La insidia y el insulto son las formas habituales del diálogo político, sin respuesta contundente hacia quienes hacen de ello su forma habitual de discrepancia. Muchos jueces justificaron el escratch como forma de acoso e insulto contra los políticos en aras de la libertad de expresión, y los rectores de las universidades no impiden la dictadura de los estudiantes que boicotean cualquier acto no acorde a su ideología libertaria. Simultáneamente, las protestas contra los desahucios fuerzan la modificación de la ley, mientras las reformas educativas o la reglamentación del aborto convierten nuestras ciudades en campos de batalla. Frente a todo ello, la oposición y muchos comentaristas políticos consideran normal los estallidos de violencia como una consecuencia de la crisis económica y el desempleo, preguntándose cuanto tardará en producirse el definitivo estallido social ansiado por gran parte de la izquierda radical.
Y entretanto, el ministerio del Interior jugueteado con twitter para entorpecer las redadas de terroristas y la Fiscalía del Estado mirando a las musarañas.