Publicado en DIARIO MONTAÑES 2 febrero 2016
Hace más de un año, un grupo de 15 personas, representantes de grupos políticos marginales, con el añadido de independentistas y un personaje íntimamente ligado con un terrorista en busca y captura, esperaron en una sala privada del aeropuerto de Barajas. Iban a subir al avión oficial del gobierno venezolano, no en una línea regular aérea y mientras lo hacían, alguien captó con video la escena de espera y el embarque. Transcurrido más de un año, se hace pública la grabación, sin decir quien fue su autor. ¿Los servicios de seguridad?, ¿un periodista al acecho?, ¿un empleado del aeropuerto?. Ahora, los círculos políticos intentan de demostrar algo que para todos ya era evidente: la estrecha relación y colaboración mutua que el gobierno venezolano viene prestando a estos personajes, incluso a terroristas huidos de ETA. Pero nadie dice nada sobre otros aspectos.
En primer lugar sorprende que una grabación de este tipo no haya sido hecha pública hasta hace unos días, después de unas elecciones a las que concurrieron los viajeros. Posiblemente su difusión antes de la campaña electoral no habría cambiado los resultados del 20-D, como tampoco parece que su actual aparición vaya a condicionar la formación de Gobierno, pero es una nueva prueba de a dónde nos conducen algunas fuerzas políticas. En segundo lugar, va a ser difícil de explicar la sorpresa de un Ministro de Interior, que ahora muestra su irritación por el hecho, sin que al parecer, la policía del aeropuerto fuese capaz de advertir el embarque de esos pasajeros en un avión oficial del gobierno de Venezuela. ¿Puede pasar desapercibida la presencia de esa aeronave?. ¿Ningún servicio de control informó al ministerio de ese movimiento de pasajeros?. O, ¿quizás lo sabían y guardaron el video?.
Aquí hay algo que no casa bien. O los servicios policiales informaron, pero no se concedió importancia al hecho, o se ocultó por alguna razón y ahora se difunde. Si la policía y el Ministerio obran así, las culpas debieron caer mejor sobre quienes debían realizar esa labor de control que se supone deben cumplir los cuerpos de Seguridad nacional.
Ahora llega el turno de buscar responsabilidades. No entre los viajeros que, por discreto que pretendiesen hacer su viaje, ni se ocultaron ni nunca han negado sus simpatías por la dictadura venezolana, sino en quienes se irritan por el viaje y el hecho de que lo realizaran en un avión oficial, no de una línea regular de pasajeros, que pasó desapercibido a los servicios de vigilancia. Porque lo que ahora se da a conocer no es el único caso denunciado por la Prensa, sin que la iniciativa de las investigaciones se haya tomado por los órganos competentes del Estado, sino uno más de la cadena de denuncias dadas a conocer por la prensa. Así, por ejemplo, Hacienda no se había enterado de las fuentes financieras que llegaban desde Irán o Venezuela para acabar en poder de algunos grupos políticos o sus representantes, sin que apareciera en sus declaraciones fiscales. Lo mismo ocurrió con el caso Noos, con el descubrimiento de las tarjetas Black de Bankia, con el fraude de los ERES andaluces, con las conversaciones del bar Faisán, con la corrupción generalizada y conocida de los Pujol y la clase política catalana, con el affaire Gurthel, con las grabaciones del presidente de una Diputación contando los euros de una comisión o la de un Ministro de Obras Públicas en sospechosa charla en una gasolinera. Y también ocurrió antes, con la financiación del PSOE en el los casos Flick y Filesa, con la trama de los GAL o en el fraude de la PSV, por citar tan solo los más sonados. En ningún caso ha sido Hacienda o la policía quien detectase anomalías, sino la investigación de la prensa o la información de particulares quienes iniciaron los descubrimientos.
Eso si, para calmar al personal, un fiscal andaluz se pone rápidamente en funcionamiento, si un torero da unos pases a una vaquilla con su hija, en tanto que ningún otro de sus colegas toma decisiones frente a las iniciativas independentistas en Cataluña, el encarcelamiento preventivo de los Pujol ocultando sus desmanes o las subvenciones que llegan a “Podemos” desde Venezuela e Irán. Hay nada mas y nada menos que 1.700 causas abiertas, 500 imputados y solo 20 en presión, tras procesos que iniciados hace cinco años, por falta de medios y enredos en procedimientos de plazos eternos. Por muchas leyes de transparencia y medidas anticorrupción que se dicten, va a ser difícil que esto mejore. Sobran leyes y faltan medios que permitan la toma de decisiones rápidas.
Entretanto, sigamos revolviendo en la basura y continuemos asombrándonos. Quizás , algún día, el hedor despierte la iniciativa de los fiscales que deben velar para que la Policía tome iniciativas y la Justicia castigue la corrupción.