Pacto Social y Político por la Educación

Yo me apunto al pacto. Mejor un “mal” pacto que ningún pacto. Existe una inquietud, un clamor popular que lo demanda. La no adhesión al documento presentado por el Ministro de Educación, aún siendo una alternativa respetable, potenciará desunión, más crispación, más acritud, más inestabilidad, menos oportunidades. Si no hay pacto, habrá un retraso en la salida de la crisis educativa y social en la que nos encontramos inmersos. Como escribiera el novelista inglés Aldous Huxley en su libro Brave New Wold –Un Mundo Feliz-, revolcarse en el fango no es la mejor manera de limpiarse. El “Pacto Social y Político por la Educación” escenifica el comienzo de la recuperación del consenso de 1978 que nunca debió perderse.

El jueves, día 22 del presente mes de abril, el Ministro de Educación Ángel Gabilondo presentó  el documento “Pacto Social y Político por la Educación”, en la sede del Consejo Escolar del Estado, junto a un borrador de acuerdo solicitando la adhesión de las entidades allí representadas. Después de tres meses de negociaciones, de trabajo colaborativo y con las aportaciones de decenas de entidades, organismos y organizaciones se ha concluido el documento presentado por el Ministro.

 

¡Ha llegado la hora! ¡Es la hora de la verdad! Desde DECROLY hemos manifestado públicamente nuestra determinación y apoyo a UN Pacto de Estado Social y Político por la Educación en España. La propuesta lanzada por el ministro Gabilondo, a las pocas semanas de su nombramiento el pasado 7 de abril, generó unas expectativas muy favorables en todos los estamentos políticos y sociales del conjunto del Estado. DECROLY no fue una excepción. De hecho, nuestro e-zine DECROLY Digital publicó un artículo el día dos de octubre de 2009 – DECROLY reitera su adhesión al “Pacto de Estado por la Educación” que impulsa el ministro Gabilondo – en el que se posicionaba abiertamente a favor de la iniciativa ministerial.

 

El proceso de negociaciones, en el ámbito político y social, hasta llegar a la presentación de este documento, ha sido muy difícil y complicado, como ya se presumía. Existe una fuerte carga política, de carácter ideológica, que ha frenado permanentemente el avance hacia posiciones de consenso entre los partidos de ámbito estatal y autonómico. Lamentablemente, los dirigentes de los partidos políticos no han tenido la altura de miras que, en su día, demostraron sus correligionarios, durante el período constituyente que condujo a la entrada en vigor del a Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. Sin embargo, eso sí, aquellos principios referidos al sistema educativo pactados, consensuados, reflejados en el artículo 27 de la Constitución de 1978, por las fuerzas políticas de la época, se mantienen intactos y no han sido cuestionados.

 

Una lectura detallada del documento nos permite apreciar avances y signos de modernidad. Muchas de las 148 propuestas plasmadas en el documento, en desarrollo de los 12 objetivos educativos planteados para el período 2010 – 2020 dan respuesta a reivindicaciones históricas demandadas por los más amplios espectros sociales durante muchos años. La sociedad exige consenso y acuerdo. Los gobiernos estatal y autonómicos, para dar respuesta al interés común, deberán pactar permanentemente con los agentes políticos, económicos y sociales, en cada caso. Pactar no es ceder, sino aproximarse al otro en beneficio del progreso y prosperidad de todos.

 

Por tanto, las propuestas recogidas en este “Pacto Social y Político por la Educación” merecen ser consideradas positivamente, en su conjunto. Yo así me posiciono y lo afirmo públicamente. Ello no es óbice para expresar mis reservas en materia de derechos y libertades educativas que no se encuentran reflejadas en el documento presentado por el Sr. Gabilondo. Sin embargo, en un contexto tan singular cual es el que nos toca vivir, en unas circunstancias socioeconómicas tan difíciles, confío en la cordura y responsabilidad de las administraciones educativas, en la aplicación de este “Pacto Social y Político por la Educación” para no defraudar las expectativas de todos los implicados en el Sistema Educativo Español.

 

Algunas de las propuestas, especialmente significativas y relevantes, merecen mi positiva valoración, desde una visión general del sistema y desde mi condición de director de un centro privado de formación profesional:

 

·          Definición de la educación como un servicio público, proporcionado por la red de centros sostenida con fondos públicos, tanto de titularidad pública como de titularidad privada.

·          Establecimiento de una línea de trabajo que enfoca los objetivos de la educación para la década 2010 -2020 para mejorar la calidad, lograr el éxito educativo y buscar permanentemente la equidad[i] y la excelencia, principios irrenunciables de nuestro sistema que contribuyen a la mejora de los resultados educativos.

·          Referencia al carácter orientativo de la ESO con dos perfiles en 4º curso: uno técnico profesional y otro más academicista.

·          Flexibilización del Bachillerato y de la formación profesional incorporando pasarelas, regímenes y modalidades.

·          Eliminación de barreras al estudio para posibilitar su compatibilidad con la vida laboral y familiar.

·          Incremento de la Red de Centros Integrados de Formación Profesional y establecimiento de una amplia red de centros que integren en su oferta de Formación Profesional acciones dirigidas tanto a los jóvenes en edad escolar como a la población trabajadora.

·          Desarrollo de una estrategia integral que favorezca el aprendizaje permanente a lo largo de toda vida.

·          Promoción de las becas – salario en los estudios de Formación Profesional de Grado Superior y en los estudios de Grado; concesión de préstamos renta para el acceso a los estudios de Master a todos aquellos que no cumplan las condiciones para obtener una beca.

·          Incremento del bilingüismo, potenciando el dominio y uso correcto de la lengua inglesa.

·          Incorporación generalizada de las TIC a la práctica docente cotidiana.

·          Potenciación de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros.

·          Referencia específica al desarrollo de las mesas sectoriales tanto de la pública como de la concertada.

·          Concepción de la educación desde una perspectiva de consenso político y social.

·          Compromisos en materia de jubilación LOE, promoción profesional y mejoras del profesorado de la pública y de la concertada.

·          Incorporación de una memoria económica al texto del documento y asignación de un presupuesto de 1570 millones de euros.

·          Implantación y desarrollo del Programa Escuela 2.0

·          Refuerzo de la autoridad moral,  social, académica y profesional de los profesores, en el ejercicio de sus funciones.

·          Impulso de la cultura del esfuerzo, el respeto, la exigencia y la responsabilidad personal y social.

·          Convocatoria de la Mesa de la Enseñanza concertada antes del 1 de junio.

·          Constitución de una Comisión de Seguimiento integrada por el Ministerio de Educación y todas las Organizaciones firmantes de los distintos sectores de la comunidad educativa.

·          Revisión de la cuantía económica del módulo del concierto.

 

Pero el documento “Pacto Social y Político por la Educación” carece, en mi opinión, de respuestas a las demandas de distintos colectivos del mundo político y social que yo comparto. Por otro lado, el texto produce preocupación e inseguridad en alguna de ellas como la referida a la creación de un entorno de formación superior. Veamos algunas debilidades y carencias del documento:

 

·          La financiación equitativa del servicio público educativo que prestan los centros de titularidad privada.

·          La libertad de elección de centro por las familias para educar a sus hijos, garantizando su financiación, en los centros que satisfagan necesidades de formación en función de la demanda social.

·          La garantía de la enseñanza en lengua castellana.

·          La consideración del profesorado como autoridad pública.

·          El aseguramiento legal del derecho a la financiación pública de aquellos centros que impartan enseñanzas gratuitas en los niveles obligatorios.

·          Preocupación por la creación de un entorno de formación superior, vinculado a las necesidades de la economía local, previsto en la propuesta nº 72. Ya en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible habla de una Enseñanza Superior Integrada, ubicada en los campus universitarios que incorpora, en su ámbito de influencia, un Centro de Formación Profesional de Grado Superior, cuyas familias profesionales estén relacionadas con algunas especialidades del campus.

 

Quiero finalizar este escrito con un canto al optimismo realista. El “Pacto Social y Político por la Educación” aporta un valor esencial: el consenso en materia educativa. Recupera el espíritu de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, perdido por la tozudez de las sucesivas formaciones políticas para imponer su ideario partidista en el sistema educativo.

 

¡Más vale tarde que nunca! No dejemos pasar esta oportunidad histórica para sentar las bases del consenso permanente en el ámbito educativo. La educación y formación deben apartarse de la cotidianeidad de los avatares políticos partidistas. Y a partir de ese momento, a trabajar todos juntos por el mejor sistema educativo posible que coloque a España en los puestos de cabeza de los países más avanzados de esta sociedad del conocimiento en que vivimos.