Un profesorado competente en la escuela cántabra del siglo XXI

La educación es una herramienta estratégica para alcanzar y desarrollar la Sociedad del Conocimiento. Hoy día nadie duda que el mayor impacto para mejorar la competitividad y la cohesión social en Europa, en España, en Cantabria se consigue a través de la educación. Una educación y formación de calidad, en proceso permanente de mejora continua, es esencial para incidir en el bienestar de las personas. La sociedad de Cantabria demanda profesionales docentes competentes. No hay sitio para la incompetencia en la Escuela del Siglo XXI.

La Escuela es, ha sido y será uno de los principales activos de los que dispone la sociedad para progresar y evolucionar. Por esa razón, la Escuela representa un factor clave de desarrollo al que debemos conceder un protagonismo esencial en cualquier sociedad moderna. En la Escuela radica el germen para la adquisición de las competencias básicas, profesionales y transversales que impulsan el bienestar y felicidad personal de los seres humanos. La Escuela se adecua y, a la vez, contribuye a esa sociedad del siglo XXI que evoluciona con una rapidez incesante. En ese ámbito, el papel del profesor para adaptarse y adelantarse a esos cambios, cobra una relevancia y un protagonismo determinante.

 

Si aceptamos estas premisas como obvias, debemos asumir también que uno de los actores relevantes, insustituibles, es el profesor. Por tanto la sociedad de Cantabria, a través de la administración educativa, debe proporcionar a la Escuela los recursos humanos – también materiales – que posibiliten alcanzar sus fines y objetivos. Si nos centramos en el profesorado, la sociedad de Cantabria demanda profesionales docentes competentes. No hay sitio para la incompetencia en la Escuela del Siglo XXI. La sociedad, la familia, el alumnado exige un profesorado competente, quiere buenos profesores. La administración educativa debe afrontar con firmeza y urgencia decisiones imaginativas que preserven los derechos de los profesionales docentes compatibles con la exigencia de una actuación profesional a la altura del momento histórico que nos toca vivir.

 

La Escuela exige hoy otra organización. Es preciso centrar nuestra atención en las nuevas tareas que la sociedad del conocimiento demanda a la Escuela y a los docentes. Hoy la sociedad exige ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de aprender a aprender, de trabajar en equipo, de tomar decisiones, de relacionarse con otros, en definitiva, ciudadanos que poseen no solamente las competencias básicas, sino también aquellas otras de índole personal y social.

 

Los profesionales docentes, en la Escuela del siglo XXI, deben evolucionar hacia nuevas estrategias y métodos de enseñanza – aprendizaje, en las que el alumno sea el centro y eje en el que gira todo el sistema. Un elemento esencial es conocer los mecanismos de aprendizaje y de comunicación de los alumnos. Hoy se requiere y se demanda una atención individualizada y personalizada, a la vez, en el más amplio sentido pedagógico de la palabra.

 

El profesorado debe conocer, crear y aplicar los múltiples recursos y estrategias didácticas para cada materia, que permitan al alumno convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje. Aquí puede tener un importante protagonismo el uso de herramientas TIC, tales como plataformas, blogs, wikis, etc. ello posibilitará logros dirigidos a desarrollar la capacidad de autonomía en el aprendizaje de los discentes

 

Los docentes, asimismo, deberán convertirse, en parte, en mediadores de aprendizaje con sus alumnos. Las competencias básicas, personales y sociales no se conciben aisladamente, sino que forman parte de un todo integrado. El profesorado debe incorporar la investigación educativa a su bagaje personal y profesional, interesándose permanentemente por aquellas innovaciones creativas que acerquen sus funciones profesionales a las demandas en cada momento histórico de sus alumnos. El profesor debe abordar funciones conducentes a fomentar la socialización de los alumnos en cuanto a ciudadanos, a potenciar su deseo por aprender, crear un clima positivo en las aulas, fomentar valores, desarrollar actitudes positivas.

 

En este orden de cosas los profesionales docentes deben enfrentarse a situaciones que permitan a sus alumnos desenvolverse en distintos contextos sociales, en línea con la situación real que les espera al incorporarse al mundo laboral.

 

Finalmente, permitidme resaltar otras dos funciones básicas del profesorado: por un lado, la formación debe sustentarse en las competencias básicas que demanda la sociedad del conocimiento y aquellas otras que requiera el mundo productivo; de otra parte, es de vital importancia y, por tanto, imprescindible trabajar desde las aulas de informática, con todos los recursos disponibles precisos: pizarra digital interactiva (PDI); proyector; materiales propios o elaborados en colaboración con otros; con los existentes en Internet. De esta manera, los alumnos se familiarizan con instrumentos de comunicación y de relación totalmente abierta y multidisciplinar, en una sociedad en cambio permanente.

 

No seré yo quien ponga en entredicho el papel profesional y social del profesor. Más bien todo lo contrario. La figura del profesor debe recuperar el prestigio perdido. Si, digo perdido, por que la sociedad en general, la administración educativa, las familias y los alumnos muestran con frecuencia debilidades a la hora de reconocer la triple faceta personal, profesional y social del profesor. Tenemos un alto porcentaje de profesorado desmotivado y con su autoestima mermada. La reparación de ese estado anímico es un clamor que demanda el colectivo.

 

Colocar al profesor en el estatus que le corresponde es una labor colectiva. Ahora bien, la administración dispone de  recursos para afrontar este reto que, en mi opinión, es inaplazable. Por cierto, no se trata de reivindicar un estatus económico superior. Se trata de generar opinión; de establecer normativas que despejen claramente la relevante misión estratégica del profesor en la sociedad; su autoridad en el aula y en la escuela y, por qué no, en la vida civil; de otorgarle las prerrogativas necesarias para poder realizar su trabajo con dignidad; de impulsar su reconocimiento social; de otorgarle un estatus acorde con una contrapartida profesional no discutible en los parámetros que deben ser fijados, evaluados, premiados o, en su caso, sancionados.

 

El profesorado en Cantabria es un colectivo extraordinario. Probablemente uno de los colectivos profesionales cuantitativamente más numeroso de Cantabria. ¿Podemos utilizar sin riego de equivocarnos la frase coloquial “todos somos buenos”? Yo afirmo que la inmensa mayoría, si. Pero la excepción confirma la regla, expresión popular muy sabia. Obviamente, en cualquier colectivo de esta envergadura nadie dudaría en afirmar con contundencia que la frase anterior, la inmensa mayoría sí, se completa, con otras como; una minoría no.

 

La administración educativa debe “mover ficha”. La evaluación es inherente al hecho educativo como a tantas y tantas otras facetas de la vida. La evaluación de la calidad de la función docente del profesorado no admite demoras. La administración educativa debe velar por que se cumplan unos mínimos estándares de calidad, de resultados positivos en el desarrollo de la labor profesional de los docentes, en todos aquellos campos y áreas de actuación que se les encomienda en cada curso académico.

 

Para ello, la Consejería de Educación, en mi opinión, debe fijar reglamentariamente el rol del profesor en la Escuela. Debe enumerar un catálogo de funciones básicas a desempeñar por el profesorado y que van a ser susceptible de evaluación, de medición; delimitar los campos mínimos de actuación, las metodologías, materiales y herramientas a utilizar. En definitiva, la Administración debe clarificar el papel del profesor con la multifuncionalidad que ese puesto lleva aparejada en la Escuela del siglo XXI, evaluarlo, premiar a los más aptos, sancionar a los incompetentes y, en su caso, prescindir de aquellos que no superen una evaluación efectiva, eficaz y objetiva.

 

Lo siento, es el momento de despojarse del corporativismo. Admito que mis pensamientos puedan expresarse con mayor brillantez léxica. Pero quiero que lo que pienso, al manifestarlo, se entienda. Yo soy un profesional. No entiendo de componendas políticas. Me reitero. Vivimos en un mundo en el que todo se mide, todo se evalúa, todo se juzga. ¿Acaso no hacemos lo propio con nuestros alumnos?

 

La evaluación forma parte de la vida de las personas, de nuestra vida. La evaluación de los profesionales docentes será un instrumento de motivación profesional y de mejora continua. En fin, la sociedad de Cantabria, las familias, los alumnos demandan profesores competentes. La inmensa mayoría lo son. Evaluemos los recursos humanos que disponemos; aquellos que muestren debilidades, instémosles a fortalecerlas, proporcionémosles los medios adecuados; marquemos un plazo –¿cinco años?-, e integrémosles en el grupo de los elegidos para cumplir con eficacia la misión de educar y formar. Al final del camino, quien demuestre insuficiencia, deberá ser excluido de la función docente directa a diario con el alumnado.

 

La Escuela es como un río en constante movimiento. Muchos profesores somos los mismos de ayer y antes de ayer. Pero los alumnos son otros; la sociedad es otra, las demandas y exigencias de la época que nos toca vivir, en este momento, son otras.

 

El impacto de Internet y las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la vida de los ciudadanos no admite discusión. Su impacto en la Escuela, tampoco. El fenómeno de la multiculturalidad, fruto de un mundo globalizado, es una realidad en nuestra sociedad y en la Escuela. Las políticas de la Unión Europea en materia de Educación y formación como, por ejemplo, la Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15/11/2006 por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, publicada en el Diario Oficial de la UE L 327/45 de 24/11/2006, representan un reto, igualmente, inaplazable. El Programa de Aprendizaje Permanente 2007 -2013 (PAP) representan una iniciativa de vital importancia para implementar el concepto de ciudadanía europea.

 

Ante la realidad descrita ¿cómo aborda la Escuela el reto de educar y formar con esos mimbres? Muy sencillo, a través de una implicación vocacional y profesional y de los profesionales docentes y no docentes (personal de administración y servicios, cuya contribución es determinante, también).

 

En muchos foros y en un sin fin de ocasiones he argumentado mi postura de reflexión sobre la necesidad de adecuar las políticas educativas a las realidades de la Escuela en cada momento histórico. Vamos a iniciar un nuevo curso y se incorporan alumnos, en los distintos niveles del sistema educativo no universitario, con edades de 2-3 años, Educación Infantil; 5-6 años, Educación Primaria; 12-13 años, Educación Secundaria; 15-16 años, en Programas de Cualificación profesional Inicial (PCPI), Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM); Bachillerato; 18 + años, Ciclos formativos de Grado Superior (CFGS).

 

Son niños, adolescentes y jóvenes de la misma edad de los que empezaron esos niveles educativos hace 5, 10, 15, 20 años. Muchos profesores, los de mi generación, estábamos allí. Nosotros somos los mismos. ¿Hemos cambiado? Aquellos alumnos tenían esas mismas edades de los que comienzan en setiembre, el próximo curso 2009-2010. Sin embargo, estos no son los mismos alumnos, han nacido en “otro mundo”, son otros.