Derecho a discrepar

En una sociedad democrática nadie cuestiona el derecho individual y colectivo a discrepar, a disentir, a no estar de acuerdo una persona con otra sobre uno o varios asuntos; tampoco, ¿cómo no? a discrepar, en la acepción de discutir, debatir, disputar, cuestionar; ni a discrepar en el sentido de diferenciar, distar, diversificar; o a discrepar en cuanto a contrariar, negar, dificultar, oponerse,…

Los españoles, y también los ibero americanos hispano – hablantes, disfrutamos de un idioma común que nos engrandece y universaliza. Un lenguaje que ennoblece nuestro espíritu gracias a su riqueza léxica. ¡Cuántos matices para el significado de una palabra; para discrepar!

Sin embargo, ¡qué poco practicamos aquellos valores que consagra la Constitución Española, por ejemplo, sustanciados en el derecho y el deber de respetar y acatar las leyes! Yo no cuestiono la prerrogativa y libertad a discrepar en el más amplio y profundo sentido y significado de esa palabra. Pero sí defiendo el sistema democrático que nos hemos concedido todos los habitantes de esta España y Cantabria nuestras.

Hoy, más que nunca, los españoles y otros ciudadanos de cualquier parte del mundo encontramos miles de razones y argumentos para discrepar sobre tantas y tantas cosas que nos hastían y afligen sin tregua alguna: el desempleo, el acoso –o escrache, vocablo que parece haberse convertido en un trending topic en las últimas semanas-, los recortes en las prestaciones sociales, las promesas incumplidas, los pronósticos errados,  los desahucios, la intolerancia, el secesionismo,… la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

El pasado nueve de mayo se celebró una huelga general en España auspiciada por la Plataforma por la Escuela Pública. Me parece bien; perdón, quiero decir mal. Discrepo tanto en el fondo de sus motivaciones como en la forma de su puesta en escena, pero respeto a quienes la promovieron y a todos cuantos la secundaron.

En unos momentos especialmente adversos para el conjunto de la sociedad aparecen innumerables y legítimas reivindicaciones de carácter social. Al mismo tiempo, y como dice el refrán popular, “aprovechando” que el Ebro pasa por Zaragoza, han surgido las huestes partidistas, de carácter exclusivamente ideológico y político, para sacudir la ya inestable situación del sistema educativo. Prueba de lo que afirmo evidencian los preocupantes índices de abandono escolar temprano y las incuestionables carencias diagnosticadas y acreditadas por organismos internacionales solventes.

¿Que quieren los promotores de la huelga del 9M? Mi percepción personal se aproxima al calificativo de una huelga política, en primer lugar, para desestabilizar al Gobierno legítimo de España. En segundo lugar, partiendo de la realidad actual del sistema educativo, cuya eficacia y eficiencia no es objeto de estas reflexiones, quienes la han organizado reivindican un fortalecimiento de la enseñanza pública –aquella que se provee desde los centros de titularidad de las distintas administraciones del Estado, de la Comunidad Autónoma o de las corporaciones locales- a la vez que niegan el pan y el agua a la enseñanza, igualmente pública, proporcionada por los centros concertados.

Con respecto a mi apreciación sobre el factor político de la huelga conviene reflexionar sobre la indiscutible realidad. Sus promotores, organizaciones sindicales, estudiantiles y de padres de alumnos de los centros de titularidad de las administraciones públicas se encuentran impregnadas de un color rojo chillón inconfundible que velan sus armas al son que toca la trompeta de las formaciones políticas de izquierda. Esos colectivos nunca tuvieron la valentía de defender sus propuestas discrepantes durante la etapa que dirigió los designios de España un Gobierno socialista. Entonces callaron y otorgaron; obedecían las consignas de su “amo”. Todo cambió cuando surgió un Gobierno de otro color, a consecuencia de los resultados de las elecciones del 20 de noviembre de 2011. En suma, entonces y ahora arriman el ascua a su sardina con una visión sectaria, partidista y, en muchas ocasiones, contraria a los valores constitucionales cuya raya limítrofe se traspasa en frecuentes y preocupantes escenarios.

Sorprende que algunos sindicatos no confesionales de dilatada tradición y presencia en la escuela de titularidad pública, como son ANPE y CSIF, no han secundado esta huelga. Sus dirigentes, y los afiliados a ambas formaciones sindicales, saben muy bien que esta Ley es necesaria. Son conscientes del fracaso escolar a los que ha conducido leyes como la LOGSE y la LOE que exige un cambio, llámese LOMCE u otra denominación.

La reivindicación insaciable, sectaria y discriminatoria de pedir el mantenimiento de un estatus ineficiente a favor de los profesionales docentes que prestan sus servicios en los centros de titularidad de las administraciones gubernamentales raya con el insulto a la más elemental inteligencia ciudadana. Pero no queda ahí su desproporcionada reivindicación de las ventajas de una parte, edulcoradas con el fin último de mejorar la calidad de la educación, en detrimento del conjunto de profesionales del sistema. Trasladan a la sociedad un mensaje perverso, retorcido, malévolo mediante el cual inoculan a la ciudadanía una percepción demoledora de que la enseñanza concertada es la “culpable” de todos los males del sistema.

Los centros concertados de titularidad privada prestan un servicio educativo público sin privilegio alguno. Más bien, por contrario, esas entidades son tan eficaces como aquellas de titularidad pública y mucho más eficientes, sin duda alguna. Solamente tenemos que revisar los datos sobre el coste escolar por alumno en ambas redes y comprobaremos que en los centros concertados se forman dos alumnos por el precio de uno en los centros públicos.

En los centros privados concertados los profesionales docentes trabajan más horas por menos salario; atienden a un número de alumnos por unidad similar o mayor al que atienden sus colegas en los centros de titularidad pública; participan en todo tipo de planes y programas que la Administración impulsa, eso sí, sin medios ni recursos, o muy escasos, si se comparan con los que se dota a los centros públicos;… estas aseveraciones representan solo una muestra de las innumerables desventajas comparativas que se aprecian en los centros privados con respecto a los públicos en la misión común de  proporcionar el servicio educativo público en igualdad que ambas redes de centros tienen encomendado.

Y… aún así, los iluminados componentes de la Plataforma por la Escuela Pública tienen la osadía de manifestarse en contra de la financiación de los centros concertados. Ellos conocen los datos y las cifras. Saben perfectamente que, representando a más de un 30% del conjunto del sistema educativo no universitario, los centros concertados contribuyen a la provisión del servicio educativo público con un coste por alumno que se aproxima al 50% del valor de ese importe en un centro de titularidad pública.

Si pusiéramos el foco en los educandos y sus familias las ventajas de aquellos escolarizados en centros de titularidad pública no aguantan una comparación objetiva con aquellos que optaron por un centro concertado. Veamos algunas desigualdades y discriminaciones muy comunes a favor de las familias y los estudiantes matriculados en centros de titularidad pública: ayudas para el comedor; centros bilingües; inmersión lingüística; auxiliares de conversación; plan de refuerzo educativo; orientadores; escuela 2.0; plan Educa3;…

Pero los centros concertados, toda su comunidad educativa, han instaurado propuestas alternativas para cubrir aquellas desventajas con ilusión, creatividad y compromiso. Las familias tienen un papel esencial de apoyo para alcanzar las metas más altas posibles. ¡No renunciamos, sin embargo, a los derechos que tienen los alumnos a recibir una enseñanza de calidad, en igualdad de trato por parte de la Administración con respecto a sus homónimos escolarizados en centros de titularidad pública!

Los centros concertados defendemos la paz social para poder desempeñar el proceso de enseñanza aprendizaje en óptimas condiciones. La comunidad educativa en estas entidades es diversa y plural como lo son los idearios de todos y cada uno de los centros concertados. Aceptamos la discrepancia en nuestra cotidianeidad; respetamos otras opciones educativas y, por supuesto, también cualesquiera procedentes de instituciones de titularidad pública; defendemos el sistema y combatimos la anarquía; anteponemos la fuerza de la razón a la siempre rechazable razón de la fuerza.

«El amigo de todo el mundo no es un amigo», decía Aristóteles. El derecho a discrepar es inherente a las personas. Pero también, en democracia las reglas del juego son muy claras. Las administraciones públicas son regidas por los representantes del pueblo elegidos por sufragio universal. Los ciudadanos adultos, mayores de 18 años, tenemos la responsabilidad de votar en las elecciones generales, autonómicas y municipales cada cuatro años. Respetemos a los gobiernos legítimos surgidos de las elecciones. Es su responsabilidad gobernar para todos con el horizonte puesto en el bien común. Ello no es óbice para manifestar nuestras discrepancias individual y colectivamente siguiendo los cauces democráticos existentes y respetando las reglas del juego.