Ni resolución del Congreso, ni decisión del Gobierno, ni Sentencia judicial. Al prior del Valle de los Caídos solo le sirve mantener a Franco donde está, por sus huevos (con perdón) y con el aplauso de la familia del dictador y de los franquistas viejos y más modernos. Es desolador que el Tribunal Supremo haya tenido que recordarle que las sentencias están para ser cumplidas, y que estemos todos pendientes de qué será capaz de hacer para evitar que se exhume al general. Los verbos sueltos en la Iglesia suelen resultar peligrosos para ella misma, pero especialmente para los demás. En este caso, a la intransigencia moral de un exaltado religioso se le une el extremismo ideológico de un fascista trasnochado que se escuda en la sotana para hacer de su capa un sayo.
La Memoria Histórica es una deuda de honor que tiene España consigo misma, y, por encima de todo, con los represaliados y muertos del franquismo y sus familias. El discurso excusatorio de las derechas exigiendo pasar página sin reparaciones es una desvergüenza y una canallada inasumibles que solamente merecen repudio. La Transición, en aras de la convivencia y la recuperación de la democracia, ya se hizo con la generosidad de los perdedores, mientras que los ganadores se fueron de rositas sin asumir responsabilidades ni pagar por ellas. 40 años después, es hora de hacer Justicia. Y sacar a Franco de donde lo enterraron para su permanente exaltación es un principio de lo más adecuado. Al fin y al cabo, los nietos del general saben dónde está su abuelo, y dónde estará, mientras muchos nietos de muchos otros muertos no saben en qué agujero de qué cuneta está el suyo.
La Iglesia fue cómplice activa de las tropelías de la dictadura, diga ahora lo que diga. Y en lo que no lo fue, guardó silencio y se puso de perfil. Una parte de ella, la que no admite que la base de la relación pacífica entre españoles es la Democracia, y las pautas del comportamiento de los ciudadanos y de sus instituciones de gobierno y de representación las marca la Constitución, mantiene la actitud soberbia de la imposición, la exclusión y la univocidad con la que justifican actitudes como la del prior de Los Caídos. Como hicieron durante el franquismo porque llevaban haciéndolo toda la vida del Señor. ¿Cuántos obispos le han plantado cara activa, rechazando su discurso de frentismo a la legalidad, y a la pura lógica?.
Aunque tal vez el problema no sea del prior. Si con la Iglesia no se llevaran templando gaitas desde el 36, y la Transición hubiera alumbrado una relación neutral con ella basada de verdad en la laicidad que propugna la Constitución, otro gallo cantaría. El entendimiento de la curia católica de que pueden seguir teniendo el mismo papel social y político que tuvieron en la España franquista nunca ha sido suficiente ni adecuadamente puesto en cuestión. Los Acuerdos con el Vaticano y la puñetera costumbre de nuestra clase dirigente de cogérsela con papel de fumar cada vez que hay que pisarles lo fregado, les retroalimenta. Hasta que no se les coloque en el lugar que les corresponde, que desde luego en la configuración jurídica y emocional de nuestra sociedad es ninguno, no dejará de haber curas como el prior de Los Caídos.