La OCDE publica el informe “Panorama de la Educación 2009”

Los resultados son poco halagüeños para España. Algunos de los indicadores del informe “Panorama de la Educación 2009”, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sitúan a nuestro país en las últimas posiciones de un ranking de los treinta países más desarrollados. Uno de esos indicadores, referido al abandono escolar, nos coloca en el lugar veintiocho, delante de México y Portugal.

Pero este no es el único dato negativo. Otro, no menos importante e impactante que publica la OCDE, hace alusión al número de alumnos repetidores. Asimismo, resulta paradójico e inquietante el estado de la situación en nuestro país, en el que destaca una elevada tasa de fracaso escolar. Por otro lado, solamente el 49% de la población ha finalizado los estudios obligatorios y el 36% de los españoles posee un título de Formación Profesional.

Este escenario debe hacer reflexionar a las administraciones centrales y autonómicas, a los partidos políticos, a los agentes económicos y sociales, a toda la comunidad educativa, en fin, a la sociedad en general. Es inaplazable, en mi opinión, un esfuerzo de reflexión, debate y acuerdo – pacto de toda la sociedad española, y en particular de los partidos políticos, en materia de educación y por la educación, que nos conduzca hacia la sociedad del bienestar, del conocimiento, de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y no discriminación.

La OCDE ha recomendado al Gobierno español que actúe mediante una serie de medidas educativas. Algunas de ellas, han sido objeto de permanente controversia ideológica: el acceso de los alumnos de ciclos formativos de grado medio (CFGM) a los ciclos formativos de grado superior (CFGS); incorporar en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) asignaturas optativas de carácter profesional que estimulen el acceso de los alumnos de ese nivel educativo a los estudios profesionales de grado medio; otras recomendaciones aluden al intento de reducción del número de alumnos repetidores o dotar a los centros la capacidad de seleccionar el profesorado.

Ante estas evidencias y recomendaciones, hemos asistido a todo tipo de diagnósticos por parte de los múltiples y variados protagonistas de esta historia. Así lo podemos constatar a través de las informaciones publicadas por los medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales. Nadie quiere asumir responsabilidades, compartidas por los partidos políticos mayoritarios que gobernaron este país los últimos 25 años. No se ponen de acuerdo ni en las responsabilidades de cada cual, ni en las posibles soluciones.

Unos afirman que el problema radica en las familias, que no prestan suficiente atención a sus hijos; otros dicen que el profesorado no se encuentra a la altura de las circunstancias, en materia de actualización metodológica, a las demandas de los alumnos del siglo XXI y que, además, se encuentran desmotivados; a su vez los profesionales docentes, y algunos expertos comentaristas, aluden a la pérdida de la cultura del esfuerzo; la ausencia de referentes; la merma de autoridad; la escasez de recursos humanos y materiales.

¿Qué hacer, por tanto, ante esta difícil situación? La respuesta no es fácil. Parece inevitable que los dos partidos mayoritarios alcancen un gran pacto escolar que aglutine todas las sensibilidades de los partidos minoritarios; considere las circunstancias de las variopintas comunidades autónomas; tengan en cuenta las aportaciones de los agentes económicos y sociales. La letra parece fácil, pero la música ya es otro cantar. ¿A que esperan?

Pero en la OCDE tenemos referentes de aquellos países que ocupan los primeros lugares en el ranking. ¿Por qué no nos fijamos y “copiamos” las políticas y buenas prácticas de esos países? ¿Finlandia, Corea o Japón, por ejemplo? Cojamos aquellos aspectos más positivos y adaptemos aquellos otros que nos gustan menos a nuestra realidad.

Hablar de educación exige hablar de sociedad. Ahí debemos incidir. Será largo el proceso. Queremos una sociedad bien cohesionada, orientada hacia la reducción de las desigualdades y al fortalecimiento de la autonomía personal de sus ciudadanos que reconozca la diversidad en sus múltiples facetas. Conceptos como educación y sociedad; educación y democracia o educación y equidad deben estar permanentemente presentes en los procesos educativos y formativos. El sistema educativo debe, asimismo, sustentarse en otros principios, tales como la igualdad de oportunidades educativas para todos; la gratuidad en todos los niveles educativos; un apoyo individualizado educativo y social a todos aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje; una evaluación focalizada en el desarrollo personal, sin clasificaciones del alumno ni tests para seleccionarlos; un profesorado con autonomía pero también responsable y en permanente formación; un profesorado con la valoración social que a su misión social le corresponde.

Los problemas educativos no debemos calificarlos como una desgracia. Por el contrario, representan una oportunidad y un anticipo que nos permitirá encontrar las soluciones adecuadas. Además debemos entender que para mejorar la educación y formación de nuestros ciudadanos debemos unir esfuerzos y voluntades, no solamente en la escuela, sino también en las administraciones públicas y en la sociedad en general. Posiblemente nos encontremos ahora en un momento clave para impulsar cuantas actuaciones sean necesarias para orientar el futuro del sistema educativo español. Toda la sociedad es consciente de la necesidad de un gran Pacto de Estado por la educación que cambie el modelo educativo. De lo contrario, podríamos apearnos del tren del desarrollo y la competitividad de ese “Club de países desarrollados” que representa la OCDE.

En el contexto español, Cantabria ocupa un lugar intermedio que nos permite juzgar sus resultados sobre la competencia básica científica, medida en PISA 2006, con  un cierto optimismo, al ser comparables con el promedio de la OCDE. Por otro lado, y con carácter general, el informe «Panorama de la educación» de la OCDE, publicado el pasado martes ocho de setiembre, en el que han participado varias comunidades autónomas a título particular, destaca que Cantabria, en educación, se encuentra por encima de la media de los treinta países miembros de esta organización internacional.

DECROLY, en el ámbito de la comunidad autónoma de Cantabria, ha contribuido, desde su creación en 1.978, al desarrollo de la formación profesional. Para ello, ha mantenido una actitud colaborativa permanente con las diferentes administraciones públicas regionales en materia de formación profesional inicial. A tal fin, en momentos críticos de la historia de la formación profesional propició el consenso con otros centros y con la propia administración para impulsar la implantación de nuevas familias profesionales. Por otro lado, el desarrollo de la formación profesional para el empleo ha ocupado un lugar prioritario en su plan estratégico. Los resultados han sido y son ampliamente valorados por el mundo empresarial y por instituciones. DECROLY, en colaboración con empresas e instituciones ofrece un amplio vademécum de más de cien acciones formativas que han incidido, especialmente, en sectores críticos tales como la construcción, comercio, hostelería, metal y educación.

La formación profesional, en mi opinión, está bien diseñada. Obviamente, como en el resto del sistema educativo, demanda más y mejores recursos humanos y materiales. Sin embargo, la formación profesional ya no es la “hermana pobre”. Se ha dignificado incorporando los ciclos formativos de grado superior (CFGS) al conjunto de la educación superior. Los programas de cualificación profesional inicial (PCPI), puestos en acción el pasado curso 2008-2009, han de dar respuesta a todos aquellos alumnos que no lograron obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria y, también, a quienes abandonaron el sistema prematuramente. En cuanto a la formación profesional de grado medio, con una media del 39% de titulados en España, frente al 45% de graduados en la media de países de la OCDE y el 51% de la Unión Europea (UE), necesita un impulso en España y en Cantabria.

La formación profesional demanda un apoyo y estimulo importantes para adecuarse a las exigencias del mercado laboral. El actual desequilibrio entre los estudiantes universitarios -1.6 millones- frente a los 520.000 de formación profesional parece un tanto irracional en la realidad económica española. La formación profesional, eso sí, a pesar de los avances en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, requiere una permanente actuación en materia de información y orientación profesional que sensibilice a las familias y sus hijos ante el reto y las ventajas que ofrece. En ese camino, la sociedad de Cantabria encontrará a DECROLY, sin duda alguna.